Democratizar es la tarea

Apuntes sobre la democratización judicial
 

"Hacete amigo del Juez
-No le dés de qué quejarse;-
Y cuando quiera enojarse
Vos te debés encojer,
Pues siempre es güeno tener
Palenque ande ir a rascarse".

La vuelta del Martín Fierro.

 

Cuando en 1879, José Hernández escribió este verso estaba denunciando una práctica tan argentina y tan vigente en ese momento como en cualquier otro de la historia de nuestro país. Siempre fue una costumbre demasiado arraigada en algunos esa la de ser amigos del Poder Judicial, un hábito de unos pocos que saben de antemano que la mano de la justicia los va a beneficiar en caso de necesitar de su socorro. Esa corrupción e injusticia de las que no se asustaba el Viejo Vizcacha se reflejan todavía hoy en la realidad del funcionamiento judicial. Lamentablemente, el trasfondo que existe en los versos del V. Vizcacha goza de una potente actualidad y es por ello que se hace necesario transparentar y democratizar el funcionamiento de nuestro sistema judicial.

Para poder entender desde donde partimos y hacia donde debemos ir, pasemos una breve revista sobre el accionar del Poder Judicial en nuestra historia reciente. En primer lugar, la última dictadura cívico-militar afianzó en el interior de la justicia a sus sectores más reaccionarios, a aquellos vinculados al capital aliado al imperialismo. Esos mismos que propiciaron el golpe y se llenaron los bolsillos con el genocidio. Los militares no confrontaron con la corporación judicial ni intentaron restringir sus márgenes de acción, sino que se apoyaron en ella para llevar adelante sus planes de exterminio, su política y su economía.

Alfonsín dejó a la justicia intacta tal cual la había heredado de la dictadura. El Poder Judicial de la joven democracia fue una parodia de sí misma. Una tibia declaración de buenas intenciones que quedó solo en eso, barrida por la mano de una impunidad amparada por el poder político. Punto final a ello.

 Como todo en la administración de Menem, la justicia estaba embebida en la corrupción y en glamour de una época olvidable. La mayoría automática de la Corte de Nazareno, los indultos, los jueces de servilleta. Nazis confesos como Rodolfo Barra en el máximo tribunal que luego llegó a ser Ministro de Justicia. No había ninguna cautelar que protegiera al pueblo mientras lo saqueaban desde adentro y desde afuera. Me pregunto hacia a dónde miraba la justicia cuando estallaban fábricas o se ardía en Pinamar, cuando otros daban paseos en Ferrari o vacacionaban en Miami. En resumen, el lujo vulgar de unos pocos y los excesos inconfundibles del noventismo en coctelera con los estrados judiciales.

El gobierno trágico de De la Rúa como en tantos otros aspectos continuó y en ocasiones profundizó los métodos del menemato. Siempre con la cara de la honestidad, de la lucha contra la corrupción. El 13%, la Banelco, el corralito, todo el mismo carnaval de los `90 que todavía existía hasta que ese modelo de país no se sostuvo más.

Como vemos, los vicios y excesos de todo tipo que viene arrastrando nuestro Poder Judicial desde hace tanto tiempo imponen la impostergable necesidad institucional de transformarlo. Si pensamos en un plan para transformar la justicia debemos saber que éste tiene que ser integral y debe apuntar a múltiples objetivos. Desde la forma hasta el contenido. Un proyecto tan ambicioso como el que debe encararse supone aceptar que una democracia real no entra todavía en los marcos institucionales actuales. Hay que ensancharlos, superar lo estrecho de sus límites para poder avanzar por lo que falta. Reformar significativamente un poder del Estado no es tarea sencilla, ni se logra con seis nuevas leyes, pero las modificaciones a la justicia que propone el Ejecutivo se enfilan en ese sentido. Es un comienzo auspiciante, de aquellos a los que nos hemos acostumbrados en estos diez años, pero debe ser simplemente la primera etapa en un largo proceso de construcción y consolidación de un nuevo Poder Judicial. Caso contrario ninguna de democratización será posible.

A continuación, un resumen de los proyectos de ley que propone el oficialismo para instrumentar esta democratización judicial:

La ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Determina la elección por voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, cuando se realicen las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). Establece la posibilidad de que sean consejeros académicos y profesionales de distintas disciplinas y ciencias, no solo abogados, con los mismos requisitos para ser diputado. Amplía de 13 a 19 los miembros del Consejo. Crea los concursos previos por “materia y por nivel” para la ocupación inmediata de las vacantes que se produzcan.

La ley de Ingreso Democrático al Poder Judicial, al ministerio Público Fiscal y a la Defensa. Establece la realización de exámenes de ingresos previos y, de aprobarse los mismos, los aspirantes serán incluidos en una nómina de ingresantes para participar de un sorteo anual por la Lotería Nacional para el ingreso como empleado del poder judicial. Los puestos de secretarios y prosecretarios también serán cubiertos por exámenes.

La ley de publicidad de los actos del Poder Judicial. Dispone la publicidad obligatoria por Internet de todas las causas en los distintos tribunales del país. Crea un registro público de causas. Es extensivo a la Corte y las distintas Cámaras.

La ley de Publicidad y de Acceso a las Declaraciones Juradas de los tres Poderes del Estado. Las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres Poderes del Estado serán de carácter público y de libre accesibilidad por internet.

La ley de Creación de las Cámaras de Casación. Crea tres nuevas cámaras de Casación: la Federal en lo Contencioso Administrativo; del Trabajo y la Seguridad Social, y la Civil y Comercial, que se suman a la ya existente de Casación Penal.

La ley de Regulación de las Medidas Cautelares contra el Estado y los Entes Descentralizados. Las medidas cautelares contra el Estado deberán estar referidas a situaciones en las que se pone en riesgo la vida o la libertad de las personas, pero no en caso de índole comercial. La medida cautelar no puede superar los seis meses como plazo razonable. Se asegura el derecho del Estado a ser oído. Se suspenderá la medida cautelar dictada si es apelada por el Estado.

 

De entre todos los proyectos enviados por el Ejecutivo el que más enfureció al contingente opositor fue el referido a la modificación del Consejo de la Magistratura. Quizás, este proyecto sea el más interesante de los seis para profundizar. En sintonía con una república en donde la sociedad no tiene casi ninguna injerencia en el Poder Judicial, los integrantes del Consejo de la Magistratura son elegidos por el voto de no más de 20 o 25 mil abogados y jueces. Para cambiar esa estructura tan corporativa, el Poder Ejecutivo propuso que quienes aspiran a ingresar al Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular.

Los principales argumentos para sostener la oposición a esta democratización del Consejo de la Magistratura son tres: que el ámbito de la justicia requiere un conocimiento técnico que el ciudadano común no tiene, que de esa manera se politiza el Poder Judicial, y que así se equipara la mayoría nacional electoral con la mayoría en la gestión del Poder Judicial, lo cual llevaría a que el Poder Judicial pierda independencia frente a los otros poderes.

Al contrario de lo que sostiene la oposición, la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura no politiza algo que ya está claramente politizado, sino que democratiza esa politización. Disminuirían así las roscas políticas entre abogados y entre jueces que son mucho menos democráticas que las expresiones del voto popular. Todas las elecciones en los Colegios de Abogados y entre los jueces tienen una fuerte connotación con la política nacional y sin embargo abogados y jueces prefieren mantener la hipocresía de que se trata de un Poder Judicial aislado de la política. En todo caso, el poder que defienden es independiente de la política que respaldan las mayorías, pero absolutamente atravesado por las políticas de roscas y minorías. Entonces no están defendiendo un Poder Judicial aséptico, sino que están defendiendo un Poder Judicial de rosca política pequeña. Están defendiendo prebendas corporativas, que son opuestas a las prácticas democráticas.

En resumen, por más que la derecha vocifere consignas como “avasallan la Justicia”, “afectan su independencia”, “destruyen la República”, ya sea tanto en el congreso como en la esquina de Santa Fe y Callao, la realidad es que la corporación judicial y sus aliados están siendo enfrentados por la hegemonía de sus intereses por primera vez en muchas décadas. Era hora que eso pase. Desde el 2003 lo que ha estado en juego es un proyecto de reconstrucción nacional. Y en este contexto asistimos todos a una oportunidad histórica. La de situar al Derecho del lado de los más débiles, de que esté del lado del pueblo. No debemos desperdiciarla. Nosotros tenemos derecho a otra justicia, una verdaderamente justa y asequible, sin que importe nuestra procedencia o nuestras riquezas personales. Estas propuestas del Ejecutivo por democratizar la justicia, por crear una justicia legítima, amigan al Poder Judicial con la sociedad, lo mejora y, al hacerlo, mejora también a la República. En definitiva, nos mejora a nosotros mismos.